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Susana busca desesperadamente

Si en alguna que otra ocasión he defendido que Andalucía estaba abocada al diálogo tras las elecciones autonómicas celebradas en la Comunidad, ahora he de reconocer que ello no parece posible. Un calendario electoral endiabladamente apretado mantiene a las formaciones políticas pendientes de sus estrategias electorales en vez de ponerse de acuerdo para resolver las vicisitudes del presente, aunque con esa actitud se obstaculice la gobernabilidad de la región más poblada de España.

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Doce millones de ciudadanos deberán aguardar al resultado de sofisticados cálculos electoralistas que podrían articular otra relación de fuerzas en los distintos escenarios en disputa (Andalucía, otras comunidades autónomas y ayuntamientos) antes de ver atendidas sus necesidades como colectividad. Se supedita el interés general al particular de los partidos políticos, aunque todos ofrezcan una “mano tendida” al diálogo. Y así nos va.

En uso de sus prerrogativas como presidenta de la Junta, Susana Díaz adelantó por pocos meses las elecciones autonómicas en Andalucía, confiando en que la apuesta favoreciera el objetivo de todo partido político: acceder o mantenerse en el Poder. Y lo consiguió a medias. Retuvo el respaldo mayoritario de la población, pero sin conseguir mayoría absoluta.

El Partido Popular, principal partido de oposición y ganador por número de votos en las últimas elecciones, sufrió un gran batacazo al ver reducido su número de escaños en el Parlamento andaluz, pasando de 50 a 33 diputados. Y la irrupción de partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, confirmaron el pronóstico de las encuestas y los convirtió en imprescindibles “llaves de la gobernabilidad” a la hora de apoyar cualquier alternativa viable de Gobierno.

Es esa fragmentación parlamentaria lo que me indujo pensar que Andalucía estaba abocada al diálogo, suponiendo sensatez, sentido común y generosidad democrática con los ciudadanos en unos partidos que, a lo que parece, carecen de tales virtudes.

Tras tres votaciones en el Parlamento andaluz, la candidata a la Presidencia no ha conseguido aglutinar los apoyos suficientes para su investidura. Todos se acusan entre sí de intransigencia para el diálogo y de la inestabilidad en la que mantienen a la región. Pero nadie da su brazo a torcer hasta que se celebren las elecciones municipales del 24 de mayo, en las que se prevé que unos y otros se necesiten mutuamente para conformar mayorías en numerosas localidades. Todos, pues, aguardan el cambalache.

Quien más claro lo manifiesta es el Partido Popular con su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada, una iniciativa que no practica (no vota en consecuencia en el Parlamento andaluz, dejando gobernar al PSOE) hasta que el resultado de las elecciones municipales le permita negociar la estabilidad del Gobierno de la Comunidad a cambio de que se les deje gobernar en los ayuntamientos donde consigan ser la minoría mayoritaria.

Es, en cualquier caso, lo que siempre se ha hecho, con la única salvedad de que ahora coinciden en el tiempo los comicios municipales y el autonómico en Andalucía. Pero estos cambalaches, en todas las ocasiones, se han realizado a espaldas de la opinión de los ciudadanos, a quienes se les hurta la posibilidad de que decidan democráticamente acerca de la cuestión.

Se negocia en despachos contra el criterio expresado en las urnas y en función de intereses partidistas, hasta alcanzar incluso acuerdos “contra natura” entre formaciones totalmente opuestas en su ideario con tal de impedir –o apear– del poder a una minoría mayoritaria, unas veces a favor del PP, otras del PSOE y las menos en beneficio de Izquierda Unida u otros partidos locales o nacionalistas.

Susana Díaz confiaba en el apoyo, o al menos la abstención, de las formaciones cercanas ideológicamente al PSOE en una segunda votación, cuando sólo se precisa mayoría simple de votos favorables. Pero el bloque opositor sigue votando en contra de su investidura, a pesar de haberse alcanzado algún preacuerdo que presagiaba la posibilidad de formar Gobierno en el plazo previsto.

Díaz buscaba desesperadamente ese acuerdo con Podemos y Ciudadanos a través de unas negociaciones mantenidas por sus lugartenientes que a punto estuvieron de sellar el pacto con la rúbrica de un acuerdo contra la corrupción y en favor de la transparencia en la gestión de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, ambos partidos han endurecido, en el último momento, sus condiciones y exigen requisitos adicionales –la dimisión efectiva de los expresidentes Cháves (diputado nacional) y Griñán (senador, ya dimitido) y garantías por escrito de no mantener cuentas institucionales con bancos que desahucien a los propietarios de viviendas con deudas hipotecarias– para apoyar con su abstención la investidura de la candidata socialista.

No desean que, ante la proximidad de nuevas elecciones, el “voto útil” les socave la confianza de los ciudadanos en favor de los partidos tradicionales que, en última instancia, asumen la responsabilidad de gobernar en solitario o en coalición. Esperan poder mantener, al menos, la condición de “imprescindibles” en futuras coyunturas antes de formalizar acuerdos de legislatura en Andalucía.

Tal situación de “interinidad” gubernamental podría resolverse definitivamente con la instauración de un sistema electoral a doble vuelta, en el que los ciudadanos resolverían con su voto la elección de una autoridad (nacional, autonómica o municipal) entre los candidatos con mayores posibilidades que no alcanzan la mayoría absoluta en una primera elección, sin depender de negociaciones de partidos.

En vez de dejar gobernar a la lista (minoritaria) más votada, serían los ciudadanos quienes determinarían democráticamente la opción que más les convence. Tal procedimiento electoral responde a situaciones, como la actual en Andalucía, caracterizadas por la atomización de la representación política y la pérdida de las mayorías absolutas, lo que provoca el bloqueo y paralización de las instituciones y la inestabilidad gubernamental cuando los partidos no logran ponerse de acuerdo.

Pero debería ser una propuesta que se incluyera en los programas electorales de los grandes partidos, capaces de impulsar proyectos legislativos, en próximas elecciones generales, para que se debata y acuerde serenamente en las Cortes que surjan con ese mandato popular.

Evidentemente, los partidos emergentes, que ya ocupan el espacio que arrebatan a las formaciones tradicionales, rechazan este sistema porque temen que la doble vuelta electoral perjudique sus posibilidades de representación y de gobierno en comunidades y ayuntamientos. También los partidarios de la “lista más votada” se manifiestan en contra de una propuesta a la que ha aludido la candidata socialista a la Junta de Andalucía.

Pero lo que desea Susana Díaz es su investidura inmediata, por lo que expresa una estratagema que, en caso de existir, facilitaría su elección, y no una convicción por la mejora de la calidad de la democracia en España.

Lo que busca desesperadamente Susana es convertirse en presidenta de la Junta de Andalucía, cuando quizá lo que corresponda, ante la falta de apoyos parlamentarios, sea convocar nuevas elecciones y que sean los ciudadanos los que decidan con su voto. O implantar la doble vuelta en nuestro sistema electoral. Ninguna de las dos opciones es inmediata ni gratis. Tienen un coste, además del económico, pero restituyen la responsabilidad democrática en los ciudadanos. Sin cambalaches ni chalaneos partidistas.

DANIEL GUERRERO