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4 feb. 2015

  • 4.2.15
Al parecer, ya no son los ciudadanos, por vivir por encima de sus posibilidades, los culpables de una crisis que, sin embargo, han tenido que cargar sobre sus espaldas o, mejor dicho, pagar de sus bolsillos. Tras millones de puestos de trabajos destruidos y un empobrecimiento que se ha cebado sobre los que ni siquiera conocían la existencia de las subprime ni las famosas “deudas soberanas” que tanto han contribuido a dejarlos en la estacada –sin seguros, sin socorros y sin futuro–, aparecen indicios de una no reconocida rectificación en las medidas adoptadas contra la crisis y que se han mantenido hasta hoy.

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Tal rectificación jamás supondrá el reconocimiento formal de los verdaderos culpables de la mayor estafa económica cometida en la historia moderna. Porque vender un producto financiero calificándolo de "seguro" es, simplemente, un engaño penal facilitado por la avaricia de una rentabilidad garantizada y rápida. La salud del propio sistema financiero, soporte de la actividad económica, requería diagnosticar con realismo el problema y enmendar sus fallos.

A la chita callando, Estados Unidos va a multar con una cuantía multimillonaria, cercana a los 1.220 millones de euros, a la Agencia S&P por las calificaciones que dio a títulos de deuda respaldados por hipotecas basura, algo que ya fue denunciado en su día por los que se percataron del engaño y motivó incluso la realización de un documental para demostrarlo (Inside Job).

Cerca de una década después, la Justicia de algunos Estados norteamericanos intenta que tamaña estafa no quede sin castigo, al menos, testimonial. Al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, el Banco Central Europeo abre la mano y comienza a comprar deuda de los países miembros que, simultáneamente al Plan Juncker de estimulo a la inversión, rectifican por vía de los hechos las políticas de reducción del déficit y de la innegociable austeridad que muchos tildaban de suicida y contraproducente, tanto que no sólo han conducido al empobrecimiento a los países y sus poblaciones más vulnerables, sino que además han profundizado una recesión que paraliza sus economías y las condena al estancamiento por falta de recursos y actividad.

Ya, al parecer, no son los ciudadanos los responsables de la crisis ni los causantes de las “burbujas” que estallaron –como la inmobiliaria– por la asfixia financiera. Ya aparecen culpables directos que, no obstante, ocultan las debilidades del sistema: la carencia o la dejadez en la regulación y control de estos agentes activos del mercado económico y financiero, dejados al arbitrio de su voluntad y avaricia. Ya, al parecer, se reacciona ante las terapias que, pretendiendo salvar al moribundo, lo acaban matando de inanición, eso sí, con sus constantes en valores normales aunque inútiles.

Desgraciadamente, todavía hay quien se aferra al latiguillo de los desmanes y los despilfarros para justificar recortes y ajustes que inciden en las inocentes víctimas de la crisis, pero en los centros neurálgicos donde se toman las decisiones que los demás aplican servilmente ya comienzan a enderezar las políticas restrictivas por otras anticíclicas y señalan a los responsables del desaguisado con multas millonarias.

Sólo faltaría saber si los estropicios cometidos en la sanidad, la educación, los salarios, los trabajos, las pensiones y las ayudas sociales en general serán restaurados y se volverá a montar el Estado de Bienestar que prácticamente se ha liquidado. Vamos, que está muy bien multar a S&P (y a Lehman Brothers y otras por el estilo) y volver a facilitar crédito, pero también recuperar nuestros derechos y los mecanismos que corregían las desigualdades. Eso, ¿cuándo se llevará a cabo?

DANIEL GUERRERO

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